La Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá, integrada por organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), expresó su profunda indignación y condena ante denuncias públicas sobre presuntos hechos de extrema gravedad que afectarían a menores bajo custodia del Estado.
En un pronunciamiento oficial dirigido al país, la Red advirtió que, de confirmarse los hechos denunciados, se trataría de una violación grave e intolerable del deber de protección que asume el Estado cuando un niño o niña es colocado bajo su resguardo.
Exigen acciones inmediatas
La organización solicitó que las autoridades competentes actúen de manera inmediata, con enfoque técnico y bajo estrictos controles para evitar revictimización, encubrimiento o impunidad.
Asimismo, exigieron:
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Medidas urgentes para garantizar la seguridad de todos los NNA potencialmente expuestos a riesgo.
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Atención médica, psicológica y social especializada, continua y confidencial.
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Coordinación efectiva con las autoridades investigativas para asegurar el esclarecimiento de los hechos sin interferencias.
Solicitud formal de información
La Red también solicitó acceso institucional a documentación relacionada con el caso, incluyendo:
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Copias de actas vinculadas a decisiones adoptadas.
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Informes de supervisión, inspecciones y visitas realizadas.
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Evidencia documentada de los planes de intervención, con responsables, plazos y presupuesto asignado.
Responsabilidad y prevención
En su comunicado, la organización enfatizó que, de comprobarse omisión, negligencia o encubrimiento, deben establecerse responsabilidades administrativas, civiles y penales sin privilegios ni excepciones.
Además, pidieron que la conducción de la política pública de protección esté en manos de personal con capacidad técnica comprobada y experiencia en protección integral, así como respeto a la trayectoria del personal especializado.
La Red subrayó la necesidad de contar con presupuesto adecuado y ejecución transparente, señalando que “sin recursos no hay protección”.
Entre las medidas preventivas solicitadas se incluyen:
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Protocolos operativos contra abuso y maltrato.
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Supervisión independiente y permanente.
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Planes individuales de protección.
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Atención especializada para menores con enfermedades de salud mental.
Seguimiento público
Finalmente, la Red anunció que dará seguimiento público y técnico al caso y que solicitará información oficial de manera periódica.
“Lo fundamental es garantizar la seguridad y dignidad de los niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal”, concluye el pronunciamiento.
